Más de 10 casos de corrupción manchan a las FFAA y provocan millonario daño al Estado

19 de diciembre de 2016 08:07

Compras irregulares, empresas quebradas, incumplimiento de contratos, entre otros, son los casos por los que se procesa a militares de alto rango. Desde oficiales, almirantes y generales hasta el Comandante de las FFAA se vieron implicados en estos hechos.

Foto ilustrativa de militares. Foto: ABI

Luis Callisaya

La Paz, 10 de diciembre (ANF).- La Fuerzas Armadas de Bolivia (FFAA) afrontaron más de 10 hechos de corrupción en 2016 que han ocasionado un millonario daño económico al Estado y por el cual fueron procesados varios militares en todo el país. Se registran compras irregulares de accesorios para aeronaves, denuncias de compras observadas de inmuebles y equipos, empresas quebradas e incumplimiento de contratos, donde se han visto involucradas importantes autoridades militares de los tres estamentos: Ejército, Naval y Fuerza Aérea (FAB).

EJÉRCITO

Este año, el excomandante del Ejército, Fernando Zeballos, fue detenido en la cárcel de San Pedro tras haber firmado con la empresa Accidental Integración del Chaco nueve contratos presuntamente irregulares para la construcción de nueve puestos militares por una inversión aproximada de Bs 18 millones, recursos provenientes del programa “Evo Cumple”. Por este proceso, también están con detención domiciliaria el excomandante de las FFAA, general Omar Salinas y el coronel Winston Celis.

Zeballos firmó los contratos en 2013 y luego fue relevado del cargo por el general Salinas quien se encargó de desembolsar los recursos y ejecutar las obras, mismas que a la fecha no se concretaron tras incumplimiento de la constructora. 

Otro caso es el de la quiebra de la Empresa Constructora del Ejército (ECE) con un daño económico al Estado de al menos Bs 60 millones, monto que fue un anticipo para la ejecución de seis obras en distintos puntos del país. Por este hecho fueron detenidos varios militares, entre ellos el exgerente de la ECE, Nikita Apaza López, por los supuestos delitos de incumplimiento de contratos, malversación de recursos y enriquecimiento ilícito. 

La empresa inició operaciones en junio de 2012 con un capital de 40 millones de dólares otorgados por el Gobierno y a raíz del incumplimiento de ejecución de obras, en 2015, el Ejecutivo, dispuso el cierre de la ECE y sus activos y pasivos pasaron a la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (Cofadena). 

NAVAL

Otro caso de alta repercusión es el de las barcazas chinas, hecho que se remonta a la gestión 2009, cuando la Empresa Naviera Boliviana (Enabol) empezó el trámite con dos empresas chinas para la construcción y adquisición de 16 embarcaciones y dos empujadores, dando un pago por adelantado de $us 28,9 millones; sin embargo, las barcazas no llegaron al país y permanecieron en China, generando una deuda por almacenaje en el astillero de cerca de $us15 millones. 

A raíz de esta deuda, el caso pasó a tratarse en un litigio internacional en el Tribunal Marítimo de Qingdao de China y a la fecha se desconoce cuándo llegarán al país estos pontones.

Al respecto el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, señaló que a la fecha hay tres almirantes presos, uno en San Pedro y dos con detención domiciliaria. El principal implicado es el exgerente general de Enabol, contraalmirante Freddy Ballesteros Quiroga.

FUERZA AÉREA

Una de las irregularidades de esta fuerza se produjo en el Transporte Aéreo Militar (TAM) donde en 2017 se desembolsó la suma de Bs 1.313.444,01 para la compra de repuestos de aeronaves (BAe-146-200). Desde ese año hasta 2014 se identificaron descargos irregulares y se desconoce el destino de los mencionados repuestos, por lo que un informe de auditoría concluyó que “existe evidencia suficiente para establecer un posible daño económico”. 

Si bien el hecho sucedió en 2007, la querella se presentó en 2014 y el proceso judicial contra los presuntos responsables continúa. En este caso fue sindicado el Comandante de la FFAA, general Gonzalo Durán, que no se presentó a declarar en dos ocasiones.

Otro hecho fue denunciado por la diputada de Unidad Demócrata (UD), Rose Marie Sandoval, quien interpuso una denuncia en contra de funcionarios de la FAB por delitos de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y daño económico, en la presunta compra irregular de motores. La asambleísta pidió que se investigue la compra y la actual situación de los motores adquiridos por la FAB.

La misma diputada denunció ilícitos en el TAB, respecto a un sobreprecio en la adquisición de un inmueble y la compra irregular de un soplador (que genera aire para motores), un loader (equipo con capacidad de carga) y un scissor lift (una plataforma tipo tijera). El gerente del TAB, Guido Hernani,  negó cualquier manejo irregular de recursos.

Ante estos hechos en la FAB, el Ministerio de Defensa inició auditorías y anunció acciones legales contra quienes resulten culpables.

Otro suceso relevante es la implicancia de militares en el accidente de una aeronave de la empresa LaMia, que se registró el pasado lunes en Colombia, dejando un saldo de 71 personas sin vida, entre ellas jugadores del club Chapecoense, su cuerpo técnico, periodistas y parte de la tripulación. El Ministerio de Defensa mandó iniciar procesos disciplinarios a los militares implicados, entre ellos al exdirector de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA), general Tito Gandarillas.

/LACH/MVV/

Ramiro Cabrera, analista:

“La justicia está al servicio del Gobierno”

Dos abogados que atendieron varios casos de militares involucrados en distintos procesos penales denunciaron que este año no hubo avances en los procesos en contra de altos mandos militares porque los mismos gozan de una protección del Gobierno por lo cual pidieron despolitizar la institución castrense.

“El término justicia está creo en este momento al servicio del Gobierno de turno, en el caso particular de los procesos que se han instaurado en contra de militares, si bien es cierto que algunos como el caso de la construcción de los  puestos militares de avanzada han desembocado en procesos, sin embargo debemos tomar en cuenta que muchos otros como el caso de los repuestos del TAM que se  han abierto mucho antes, donde ya había imputación formal incluso en contra de algunos miembros de la FAB, no ha ido adelante”, mencionó el abogado Ramiro Cabrera.

Indicó que existe protección contra militares de altos mandos que han incurrido en irregularidades, sobre todo aquellos que pertenecen a la FAB, y lamentó que la Fiscalía impute solo a oficiales de bajo rango que solo cumplieron órdenes superiores y no así a los jefes militares.

“Para el 2017 estimo que no va a ver ninguna variación, más bien la protección que se realiza a favor de personal militar va a ser mayor por el hecho de tener sometida a una institución que debió ser institucionalista”, manifestó.

Por su parte, el abogado Omar Durán coincidió que no hay avances en los procesos seguidos a militares y pidió una reforma en las FFAA partiendo por la despolitización de esta institución.

“Las FFAA tienen que ser netamente institucionalistas no políticas, las FFAA no tienen que tener color político y muchas veces en las FFAA hoy en día se ve (la politización)”, indicó.